A la luz de los diferentes acontecimientos ocurridos recientemente en el concierto internacional, relacionados con la libertad religiosa, es conveniente hacerse la pregunta sobre la condición actual del marco regulatorio del derecho eclesiástico en México y el papel que juegan instituciones civiles y privadas en ello.

En  la Constitución del país está la base sobre la que se han legislado otros códigos para normar el desempeño de la sociedad y las conductas de particulares. Adicionalmente, prescribe también la obligación del Estado para salvaguardar los derechos esenciales y garantizar que así suceda. Todo lo anterior, tomando como referencia los derechos humanos, de los cuales la libertad religiosa, que se divide en la libertad de convicciones y de culto, forma parte.

El artículo primero de la Constitución ha sido el precursor de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de los artículos veinticuatro y veinticinco la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Estos códigos, retoman y amplían los conceptos antes presentados, es decir, no existe incongruencia entre lo que consagra la Constitución y lo que salvaguardan las leyes que de ella emanan. Particularmente en lo referente al trato hacia la comunidad de creyentes, no existe en México fundamento legal alguno que justifique acciones que condicionen o limiten a ningún ciudadano su religión, más allá de las indicadas en el mismo texto del artículo 24, donde se resalta que una práctica religiosa no puede ser contraria a las leyes, y que no puede usarse el argumento de la religión para comer un delito.

Es importarte destacar que el precepto constitucional considera el adoptar ciertas convicciones, o no tenerlas, y la posibilidad de vivir de acuerdo a ellas. Y estos dos elementos, que no pueden entenderse separados el uno del otro, son los que favorecen el verdadero ejercicio de la libertad religiosa. De nada sirve la libertad para adoptar un determinado conjunto de dogmas religiosos, si no se está en la posibilidad, y se tienen además, las condiciones favorables para practicar y vivir siguiendo esos dogmas.

Adicionalmente, la constitución establece que el congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna; esto es, no puede estar a favor o en contra de una persuasión religiosa. Por tal motivo, las autoridades civiles están impedidas para intervenir en aspectos relacionados con las convicciones religiosas y las formas de expresar esas convicciones. Es un derecho inherente exclusivamente a las personas.

Debe resaltarse, que el Estado está constitucionalmente impedido para legislar en cuestiones de fe, sencillamente no pude intervenir en ello. Esto se conoce como la separación de la Iglesia-Estado. A cambio de ello, el artículo veinticinco constitucional obliga al Estado a ejercer su responsabilidad de salvaguardar y garantizar el goce de esa libertad en beneficio de todos los ciudadanos. Es decir, el Estado no puede intervenir en asuntos dogmáticos y cultuales, pero sí está obligado a preservar la separación entre la iglesia y el Estado y proteger así este derecho.

Si desde el régimen interno de derecho el ciudadano en México tiene asegurados sus derechos humanos, no significa que el país este al margen de las regulaciones, convenios, declaraciones y demás mandatos que se originan a nivel internacional, mismos que se consideran otra fuente legitima de derecho; el denominado derecho internacional. La misma Constitución establece las condiciones que reconocen estos documentos con la finalidad de cubrir las posibles lagunas que la estructura legal vigente pudiera tener. Y todo lo anterior con la única intensión de salvaguardar el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos. Como puede constatarse, el marco regulatorio es favorable para que todo aquel que decida ejercer este derecho puedo hacerlo libremente.

Los cambios que han robustecido en marco legal en la materia, fueron introducidos por el legislativo mexicano, cuando modificó el texto del artículo primero de la Constitución para que se substituyera la expresión garantías individuales por derechos humanos y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación   (Junio 2011). En el texto del artículo primero se indica que en los Estados Unidos Mexicanos “todas las personas gozaran de los derechos humanos”, que derivan de tratados internacionales y los señalados por la propia Constitución, señalando que la interpretación de esos derechos humanos será en conformidad con lo establecido en la propia Constitución y los tratados en los que México participe y que la autoridad de todos los niveles “tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” esos derechos.

Aclarando las implicaciones de la reforma constitucional, se resalta que en la nueva redacción del estatuto se reconocen los derechos, a diferencia de otorgarlos,  lo que es consistente con la premisa de que todas las personas gozan de los derechos, y que por consiguiente, están amparados por los mecanismos de la propia Constitución y de los tratados internacionales.  El párrafo segundo integra el principio de interpretación legal pro personae que eleva el derecho de la persona humana, resaltando siempre el criterio que sea el que más proteja al individuo, en aquellos casos donde llegasen a existir variadas interpretaciones, lo que además es congruente con la manera en la que se practica el derecho en los tribunales internacionales protectores de los derechos humanos.

Cimentado en lo anterior, lo que establecen las leyes mexicanas y la apertura que las mismas permiten al derecho internacional en materia de derechos humanos, puede afirmarse que el marco legal es favorable para garantizar, prodigar libertad y proteger en contra de la discriminación, en todas sus manifestaciones, por lo que puede concluirse que se ha legislado en beneficio de los ciudadanos y la diversidad social; si esto es válido para la sociedad mexicana, por extensión deberá interpretarse, y suceder lo mismo, hacia el interior del centro de trabajo y las escuelas.

En síntesis, no existen argumentos legales que puedan utilizarse para ofrecer y justificar un trato desigual que perjudique a los creyentes. Tampoco lo hay para que se les impida o limite la adopción y la práctica que prescribe un determinado credo religioso. Así también, se entiende como inadmisible ante el amparo de la ley,  el que se limite la posibilidad de manifestar, a través de su estilo de vida o cualquier otra forma externa lo que a juicio de su conciencia el individuo considere esencial para veneración divina y, que por ese hecho, le suponga una condición desfavorable, siendo blanco de un trato inequitativo,  al momento de ejercer su derecho, como puede ser buscar un trabajo, matricularse en una escuela o en el momento que ocupa una posición laboral o se quiera tomar una materia. Por el contrario, el marco legal en México está construido sobre principios elevados  que deben, en la práctica, desalentar e inhibir cualquier tipo de conducta que vaya en menoscabo de la persona humana. Así también, se cuenta con bases legales que se espera faciliten la integración de los diferentes representantes del entramado social hacia la actividad laboral o simplemente actuar siguiendo los dictados de la conciencia.

En lo que a este tema se refiere, la pregunta no debe ser dirigida hacia las autoridades civiles, educativas o laborales. No les corresponde a ellos otorgar o limitar la libertad religiosa. No es su prerrogativa.

En materia de derechos humanos, específicamente, en lo que respecta a la libertad religiosa, es el creyente quien tiene que ser confrontado con ello. ¿Conoces tus derechos? ¿Entiendes los alcances de tu libertad religiosa?

M.A. Rodolfo E Ramírez

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